Alcalde de Rinconada oficio al CDE por millonaria deuda de ex edil y funcionarios municipales

El Alcalde de Rinconada Pedro Caballería presentó, personalmente en Valparaíso, un oficio al Consejo de Defensa del Estado para resguardar los bienes municipales que corren riesgo de embargo debido a un juicio por más de 10 millones de pesos que adeudan 2 funcionarias, una de ella es la Jefa de Finanzas hoy apartada de sus funciones, como también el ex alcalde de la comuna Juan Galdames Carmona.

Este dictamen de Controlaría arrojó en su momento que estas funcionarias y el ex alcalde Galdames debían devolver dineros municipales por gastos mal efectuados durante su administración. Montos que hasta hoy no son reintegrados y que perjudicarían al patrimonio de la oficina comunal ante un posible embargo, ya que los culpables de estos hechos entregaron como dirección particular la de la Municipalidad de Rinconada.

El Alcalde de la comuna ante la presentación del oficio en las oficinas del CDE señalo: “Hoy día las personas que se vieron involucradas en este juicio de cuentas dieron la dirección del Municipio de Rinconada, motivo por el cual debo aclarar todo este tipo de situaciones. Estos juicios de cuentas son de responsabilidad de cada persona, por eso hemos entregado los antecedentes a Tribunales y al Consejo de Defensa del Estado”.

“Hoy hay un juicio de cuentas donde fueron sancionadas 3 personas y se remontan al año 2014 donde se cerró un proceso de la Contraloría y los antecedentes pasaron al CDE.  Tengo el deber y la responsabilidad de entregar todos los antecedentes al CDE y ellos procedan con los pasos siguientes. Si no hacemos todo este proceso, el riesgo que corremos como Municipalidad es que se hagan presentes funcionarios, acompañados de la fuerza pública y procedan a embargarnos. Nosotros tenemos que aclarar todo este tipo de situaciones en beneficio de Rinconada” señaló Pedro Caballería Alcalde de la comuna.

Esta causa con ROL 3388-2018 se encuentra en el Quinto Juzgado Civil de Valparaíso por la cual se está tramitando el cobro, que fue sentenciado por el Juzgado de cuentas de la Contraloría General de la República en el año 2014 y confirmado en segunda instancia en el año 2015 por el ente regulador.