El ex Prefecto de Carabineros de Aconcagua, Paul Oliva, actual jefe policial en Talcahuano, fue formalizado por apremios ilegítimos al interior de los antiguos calabozos de la Segunda Comisaría de San Felipe en contra de Ismael Toro Olguín, detenido en medio de las protestas en la ciudad el 19 de octubre del 2019.
El fiscal jefe de San Felipe, Eduardo Fajardo, contó que la formalización del Coronel Paul Oliva Yáñez se da como parte de una causa que ya tiene tres funcionarios de la Segunda Comisaria que habrían cometido la agresión.
Respecto a la imputación en contra del oficial se debe por tener una conducta omisiva; “al haber presenciado una agresión a un detenido por parte de otros funcionarios policiales que ya fueron formalizados por los hechos denunciados. Ya que la figura que establece la Ley dice que quien pudiendo impedir o detener una agresión no lo hace y en ese contexto se formaliza por el delito de apremios bajo la figura de omisión.”
El persecutor sostuvo que la víctima, Ismael Toro Olguín, fue golpeado por tres funcionarios al interior de las antiguas dependencias de la Segunda Comisaría de San Felipe; “en el sector de calabozos y en el mismo lugar existen cámaras de seguridad que la misma institución de Carabineros, dentro de su criterio objetivo, aportó las imágenes a la Fiscalía y dentro del análisis realizado se estableció la existencia de la agresión. Asimismo, la conducta omisiva del entonces Prefecto en el sentido de evitar el apremio respecto del detenido.”
Fajardo, precisó que hasta el estado de la investigación todavía no se establece que motivo la agresión del detenido; “entiendo, según la versión de Carabineros no habría un fundamento, ningún apremio está amparado, no existe ningún argumento para una agresión. La versión que había era que el detenido puso resistencia, sin embargo, lo que se logra visualizar y de acuerdo al análisis de las imágenes de las cámaras se ve simplemente una agresión. Si hay otro trasfondo los desconocemos, pero ninguna causal permite golpear a un detenido, eso está prohibido por Ley.”
Tras la formalización, el Coronel Paul Oliva Yáñez, quedó con arraigo nacional y prohibición de comunicarse con los otros tres imputados por el plazo que dure la investigación, que fue establecido en octubre de 2020, cuando fueron imputados cargos a los subalternos.
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