La Corte de Apelaciones de Valparaíso acogió el recurso de protección presentado por la Junta de Vigilancia de la primera sección del río Aconcagua, dejando sin efecto la intervención del mencionado caudal, la que se había declarado por la DGA con la resolución exenta 273, en febrero de este año. (Foto referencial)
La información la entregó Víctor Catán, presidente de la Junta de Vigilancia de la Primera Sección del Río Aconcagua, precisando que resolución demuestra la ilegalidad y falta de prolijidad de la Dirección General de Aguas en el Gobierno anterior.
Esta intervención ordenó que la primera sección, cerrara sus compuertas por 36 horas semanales, para entregar agua río abajo. Provocando un alto costo social y económico a los más de 6.000 usuarios de esta Junta, quienes reciben menos agua de la que les corresponde, sin ninguna indemnización.
Sobre el recurso de protección de garantías constitucionales
La Junta de Vigilancia de la primera sección del río Aconcagua interpuso en la Corte de Apelaciones de Valparaíso un recurso de protección de garantías constitucionales -ante la intervención del río Aconcagua- contra el ministerio de Obras Públicas, representado legalmente por: el ministro Alberto Undurraga, el director nacional de la DGA, Carlos Estévez y el interventor Andrés Quitral. Por vulnerar las siguientes garantías protegidas por la Constitución: derecho de propiedad, Igualdad ante la ley y no discriminación arbitraria en el trato de los órganos de la Administración del Estado en materia económica.
Costos sociales y económicos
A tres meses de ser intervenidos por el Estado, la entrega de agua ha sido de 23.5 millones de m3 y un costo económico equivalente a un 21,4% del patrimonio de los usuarios de agua de las comunas de Los Andes, San Esteban, Rinconada, Calle Larga, Santa María y San Felipe.
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