Luego que este martes en el Concejo Municipal la Concejala Patricia Boffa, solicitó al alcalde Patricio Freire informar sobre el embargo de dos inmuebles municipales por millonaria deuda indemnizatoria por negligencia médica en la muerte de vecina de Curimón, Abogado Jorge Jara, aseguró que caso no reviste ninguna situación extraordinario. (Foto: Embargo de inmuebles se debe al impago de la indemnización por la muerte de la dirigente vecinal, Jessica Estay)
Como se recuerda en julio del año 2017, la Corte Suprema sentenció a la Municipalidad de San Felipe junto con el Servicio de Salud Aconcagua, al pago de una indemnización de 100 millones de pesos por determinar negligencia médica en la muerte de la dirigente vecinal de Curimón, Jessica Estay Godoy, ocurrida el día 14 de junio del año 2014 en la UCI del hospital San Camilo.
Frente a la presentación que realizó este martes la Concejal Patricia Boffa, el departamento jurídico de la Municipalidad sanfelipeña, sostuvo que tras la resolución de la Corte Suprema, que estableció que la Municipalidad de San Felipe junto con el Servicio de Salud Aconcagua deben pagar una indemnización a la familia tras el fallecimiento de la dirigente de Curimón Jessica Estay Godoy, se resolvió el embargo de dos propiedades, para salvaguardar el monto que le corresponde pagar a la entidad edilicia.
Precisando el Abogado, Jorge Jara, que la Municipalidad se encuentran gestionando los recursos para cumplir con dicha obligación; “porque la parte demandante pidió cumplimiento del fallo de la Corte Suprema que decretó el pago de la indemnización y procedieron a embargar dos propiedades que habían sido adquiridas por el municipio; una en calle San Martín y otra en Avenida Chile”, sostuvo.
En ese sentido, Jara indicó que la municipalidad ya presentó los argumentos necesarios para evaluar el valor real de los inmuebles. “El municipio oportunamente hizo los descargos respectivos, presentó las excepciones y el tribunal resolvió decretar un perito tasador, porque la tasación que hizo la parte demandante fue objetada por el municipio”.
Por otro lado, el abogado manifestó que es una acción normal dentro del proceso judicial, que no reviste nada fuera de lo común. “El embargo es una expresión habitual en este tipo de casos, no tiene nada extraordinario, sino que forma parte del proceso de pago forzado que cualquier demandante puede hacer efectivo en un tribunal”, finalizó el profesional.
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