El Juzgado de Garantía de Letras y Garantía de Putaendo decretó la medida cautelar de prisión preventiva para L.D.A.C, imputado en calidad de autor de los delitos de homicidio en grado frustrado contra un menor de 12 años y de porte de arma prohibida en grado consumado. Ilícitos perpetrados la madrugada del 3 de diciembre, en la medialuna de Piuchén, sector Guzmanes, comuna Putaendo.
En audiencia de formalización, la magistrada Deisy Machuca Cabrera declaró legal la detención y dio por acreditados los hechos expuesto por el ente persecutor, por lo que acogió la solicitud de medida cautelar solicitada por el Ministerio Público y dio inmediata orden de ingreso al Centro Penitenciario de San Felipe.
Respecto a la medida cautelar fijada, la magistrada Machuca consideró que “se estima que la libertad del imputado constituye un peligro para la seguridad de la sociedad, considerando que se trata de dos delitos. Respecto al homicidio, si es que se mantiene la calidad de frustrado el delito, la pena que arriesga sería de presidio mayor en su grado mínimo, sin perjuicio que se trataría de un delito cometido en contra de un menor de edad, concurriendo un agravante, y en el mismo sentido, también la pena que arriesga respecto al delito de por arma prohibida es una pena de presidio menor en su grado máximo presidio mayor en su grado mínimo. Por ambos delitos también debe tenerse en consideración que se trata de un pena de marco rígido, por lo cual no admitiría rebaja ante concurrencia de eventualmente algún atenuante que por lo menos no se ve, no se advierte en este caso”.
Agregó, además, que “el imputado registra diversas condenas pretéritas, entre ellas delitos de drogas y teniendo en consideración los bienes jurídicos que protege afectados en este hecho son el derecho a la vida, el derecho más importante que existe para la persona humana, la integridad física así también el orden público y debiendo no pasarse por alto que la víctima se trate de un menor de doce años, el cual ha sido privado de su derecho a vivir en un ambiente sano y seguro de su derecho a de supervivencia, desarrollo y protección de este fuego”.
“De esta manera, todos estos antecedentes resultan suficientes para estimar que la libertad del imputado es un peligro para la seguridad de la sociedad, de tal modo que considerando las diversas condenas, no existe ningún cambio en su conducta. Al encontrarse en un lugar público, donde existen muchas personas que lo conocían, se interna en el lugar y haciendo alarde de un arma, la que ya sea circunstancialmente o con toda voluntad, hace disparar”, precisó.
Finalmente, advirtió que: “en cuanto al dolo, no se puede estimar que no exista dolo considerando que ya el contar con un arma, mostrarla, manipularla, necesariamente debe haber un grado de previsión en su conducta. Él podía prever que al manipular un arma de fuego, ésta puede causar un daño a terceros. A todo lo anterior cabe agregar que con motivo de la gravedad de las penas que arriesga, tendría razones suficientes para evadir la acción de la justicia, surgiendo con secuencialmente un peligro de fuga”.
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