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Alcalde de Putaendo denunció que Minera Vizcachitas le impidió ingresar a faenas mineras en Las Tejas

Como una “falta de respeto” calificó el alcalde de Putaendo, Mauricio Quiroz, la medida de la Minera Vizcachitas de impedirle a la autoridad comunal el paso al territorio cordillerano para inspeccionar los trabajos previos al proyecto de “Sondajes de Prefactibilidad Las Tejas”.

El alcalde Mauricio Quiroz hizo pública su molestia, a través de un vídeo publicado en redes sociales, donde se aprecia un camino cordillerano cerrado con una valla metálica y un candado. En la ocasión, la autoridad comunal manifestó que concurrirán a los Tribunales de Justicia para interponer un recurso de protección en contra de la minera Vizcachitas.

“Vamos a concurrir a los Tribunales de Justicia para interponer un recurso de protección porque al no poder traspasar esta barrera, no podemos verificar si se están realizando o no obras al interior de esta faena minera. Creemos que tenemos la obligación de defender la naturaleza y las comunidades putaendinas. Nosotros nos hemos opuesto reiteradamente a este proyecto porque destruirá el patrimonio natural, cultural e histórico de Putaendo”, expresó el alcalde Quiroz.

Cabe mencionar que el alcalde de Putaendo ha sido un férreo opositor a este proyecto minero. Una vez asumido en su cargo, informó que el municipio interpuso un recurso de invalidación contra la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) de los “Sondajes Mineros de Prefactibilidad Las Tejas” aprobado por autoridades regionales encabezadas por el entonces intendente Jorge Martínez.

La autoridad comunal tiene la convicción, al igual que la gran mayoría de los habitantes de Putaendo, que la aprobación ambiental de dicho proyecto no considera un número significativo de impactos que generarán los trabajos de sondajes en las cercanías del Río Rocín, cuando la comuna atraviesa un crítico escenario de sequía por más de una década.

En ese sentido, el Municipio de la “Capital Patrimonial de Aconcagua” pretende llegar hasta las últimas instancias judiciales para impedir los trabajos de un proyecto minero que atenta contra la calidad de vida de las comunidades putaendinas.

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