La Corte de Apelación de Valparaíso acogió recurso de protección presentado por agrupaciones de la comuna de Los Andes en contra de la Gobernación Provincial de Los Andes, porque edificio que ocupa frente a la plaza de armas de la ciudad de Los Andes no cumplen con acceso universal vulnerando gravemente los derechos de las personas con discapacidad.
La acción legal es en contra la Gobernación representada por su gobernador Sergio Salazar Vargas, y también en contra de varios servicios públicos que prestan sus labores en el mencionado edificio, el Servicio Nacional de la Mujer y Equidad de Género representada por Vaninna Masman, el Ministerio de Bienes Nacionales representado Jorge Cura Amar, el Sernac representado Camila Lepe Cataldo, el Sence representado. Mesala González, el Fosis representada Pamela Gorichon y el Serviu representada por Francisca Torres Pilu.
Las agrupaciones denunciantes sostienen que el edificio de la gobernación de Los Andes no cumple la normativa legal en los siguientes aspectos: falta de señalética, falta de accesibilidad, falta de servicios higiénicos inclusivos, falta de ascensor para trasporte de pasajeros; “lo que genera una manifiesta discriminación, generando un menoscabo en la salud mental de las personas en condición de discapacidad.”
Puntualizando más adelante que el 4 de marzo del presente año, se cumplió el plazo para que edificios públicos y/o privados, cuenten con acceso universal para personas con discapacidad y particularmente con movilidad reducida (art. 28 ley 20422 año 2010); y serán las direcciones de obra municipales quienes fiscalicen su cumplimiento denunciando ante el juzgado de policía a los infractores; sin embargo, la ley también faculta a los ciudadanos a realizar la denuncia.
Las agrupaciones que presentaron este recurso son: Ciudadanos Fiscalizadores Inclusivos, es una organización no gubernamental constituida en la ciudad de Los Andes en 2019, para la formación de ciudadanos en derechos de Personas con Discapacidad y gestión de intereses para la creación de políticas públicas inclusivas. Junto a Centro Esperanza Nuestra Los Andes (organización de personas con discapacidad física) y agrupación Apura (organización de personas con discapacidad sensorial visual).
Estas entidades indicaron que decidieron llevar adelante esta cruzada para exigir el cumplimiento de la legislación vigente en materia de discapacidad. En consecuencia se han llevado a cabo reuniones con las autoridades competentes como el Ministro del Trabajo Nicolás Monckeberg, Diputados Longton y Marzan; además de la participación en la comisión de desarrollo social del Congreso de la Republica. Relevante es señalar que la autoridad provincial en la figura de su gobernador Sergio Salazar, también sostuvo reuniones con las organizaciones mencionadas.
Sin embargo, las organizaciones y sociedad civil siguen esperando que se cumplan los compromisos verbales de quienes deben ser garantes de lo establecido en la constitución, de velar por el éxito civil, social y moral de esta política pública.
Las organizaciones y sus dirigentes tenemos el “deber ser” de demandar a nuestras autoridades altos estándares de eficiencia, capacidad de gestión y resolución efectiva de conflictos sociales. Nuestro estado de derecho permite acciones civiles en jurisprudencia, mismos constituidos en la presentación de recurso de protección ante la Corte Suprema de Valparaíso y denuncia civil ante Contraloría de la Republica, contra todos los servicios públicos responsables de la vulneración de derechos de la Personas con Discapacidad.
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