En un operativo realizado durante la madrugada de este martes 05 de Mayo, equipos municipales, en coordinación
con Carabineros de la Segunda Comisaría de San Felipe y la Delegación Presidencial Provincial, concretaron el desalojo de cerca de siete hectáreas de bien nacional de uso público, ocupadas ilegalmente por la empresa Áridos Córdova en la caja del Río Aconcagua.
La acción se desarrolló tras un proceso sostenido de fiscalizaciones, informes técnicos y medidas administrativas impulsadas por el municipio, frente a la ocupación irregular del terreno y el funcionamiento sin permisos ni patentes comerciales.
Este procedimiento responde además a requerimientos de distintos servicios públicos, entre ellos la Dirección de Obras Hidráulicas y la Contraloría General de la República, que han advertido un evidente estrangulamiento del cauce, generando riesgos para la infraestructura pública, el medio ambiente y la seguridad de la comunidad.
En ese contexto, la alcaldesa Carmen Castillo Taucher destacó que este tipo de acciones buscan
resguardar el entorno natural y hacer cumplir la normativa vigente.
“Cumplimos con lo que los servicios públicos también nos mandataron para que efectuáramos esta
acción. Esto tiene que ver con un tema de que esta empresa estaba utilizando un terreno que era de
bien nacional de uso público… para nosotros es muy importante de que nuestra caja del río sea una
caja que se cuide y que realmente cumpla con todo lo que significa el tema medioambiental, así que
estamos muy satisfechos por esta acción conjunta realizada”, argumentó la jefa comunal.
Tras el término de su concesión en marzo de 2021, la empresa mantuvo la ocupación ilegal de
aproximadamente siete hectáreas en la caja del río Aconcagua, operando sin permisos, patentes
comerciales ni el pago de tributos correspondientes.
A pesar de múltiples decretos de clausura y notificaciones de desalojo emitidas desde 2021, la empresa
continuó desarrollando actividades de procesamiento y venta de áridos de manera irregular, lo que
derivó en reiteradas fiscalizaciones por parte del Departamento de Rentas y Patentes de la municipalidad de San Felipe.
Asimismo, la Dirección General de Aguas (DGA) cursó sanciones por un monto superior a los 32
millones de pesos, debido a la intervención no autorizada del cauce y la reducción de su ancho,
además de detectar trabajos fuera del área permitida, incluyendo el estero Pocuro.
Frente a este escenario, el municipio decidió no otorgar nuevas concesiones, respaldado por informes
de la Dirección de Obras Hidráulicas y antecedentes en análisis por parte de la Contraloría General de
la República.
Paralelamente, se desarrollaron mesas de trabajo interinstitucional lideradas junto a la Delegación
Presidencial Regional, con la participación de organismos como la PDI (BIDEMA), el Consejo de Defensa
del Estado, el Servicio de Impuestos Internos y la Superintendencia de Medio Ambiente, con el objetivo
de fortalecer las herramientas de fiscalización y control.
Finalmente, la Municipalidad de San Felipe dictó los decretos alcaldicios N° 705 y N° 1063 de este año,
solicitando el auxilio de la fuerza pública para ejecutar el desalojo, lo que fue autorizado mediante
Resolución Exenta N° 28, de fecha 4 de marzo de 2026, por la Delegación Presidencial Provincial,
culminando en el procedimiento concretado este martes.
