Ante denuncias de la comunidad y que dieron origen a inspecciones en terreno, CONAF confirmó que se detectó corta no autorizada de bosque nativo en el cerro Santa Rosa, conocido como Kurapilu, ubicado entre las comunas de Los Andes y Calle Larga., acción que constituye una infracción a la Ley de Bosque Nativo, por lo que el organismo fiscalizador notificó formalmente a la empresa inmobiliaria responsable, citándola a comparecer ante el Juzgado de Policía Local de Los Andes el próximo 20 de mayo, instancia donde se determinarán eventuales sanciones.
Asimismo, se informó que las faenas fueron detenidas luego de que se instruyera la prohibición de continuar los trabajos sin contar con un plan de manejo aprobado, tras fiscalizaciones realizadas en febrero y marzo de este año.
La diputada aconcagüina, Francisca Bello, valoró la respuesta entregada por la Corporación Nacional Forestal (CONAF) tras el oficio enviado por la parlamentaria, en el que solicitó información y acciones frente a la intervención ambiental en el señalado lugar.
En esa línea, la diputada señaló: “Aquí hay una comunidad organizada que ha sido clave en visibilizar esta situación, y ese trabajo es el que permite que hoy tengamos respuestas. Sin embargo, esto no termina acá: seguimos a la espera de pronunciamientos de otros organismos y es fundamental mantener la vigilancia y la fiscalización activa para resguardar este ecosistema”, sostuvo.
En tanto, desde la Red de Amigos del Cerro, destacaron la importancia de la participación ciudadana y la información en estos procesos: “La organización @cerro.kurapilu.mercacha continúa su campaña de recolección de firmas físicas y digitales en apoyo a la protección del cerro Kurapilu y de todo el cordón del cerro Merkacha, y se encuentran preparando actividades de educación y concientización para la comunidad respecto de la necesidad de conservación de este importante patrimonio natural y cultural del valle de Akonkawa”, señalaron.
Finalmente, la parlamentaria enfatizó que continuará monitoreando el proceso y exigiendo responsabilidades, subrayando que “la protección del entorno natural en zonas como Kurapilu no es negociable, y las instituciones deben garantizar que se cumpla la normativa vigente”.
