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Municipio de San Felipe ya cuenta con protocolo interno para aplicación de la Ley Karin

Tras controvertido inicio de semana por los cuestionamientos que efectuó la Corporación Féminas Diversas de Aconcagua por la falta del protocolo Ley Karin a pesar de que ya se habían sumado varias denuncias de abusos, maltratos o acosos ya existentes al interior de la entidad edilicia, Municipio de San Felipe terminó elaboración del esperado documento que regulará proceso de investigación de las modificaciones de la mencionada ley que entraron en vigente el pasado mes de agosto.

Tras meses de avance en la construcción conjunta del protocolo interno de la Ley Karin, a través de un proceso liderado por la dirección jurídica del municipio, y respondiendo al mandato de la alcaldesa Carmen Castillo para articular un método democrático y participativo entre representantes de los funcionarios y funcionarias de la institución, este martes fue presentado el documento a la jefa comunal para su revisión, aprobación y puesta en marcha.

Se trata de un protocolo elaborado a partir de la creación de tres comisiones de trabajo; una relacionada con los riesgos psicosociales, otra con el procedimiento de la denuncia, y una tercera vinculada a las capacitaciones en materia de la Ley Karin.

“Hoy día estamos viendo el fruto del trabajo de las y los funcionarios con la entrega del protocolo final listo para la firma de la alcaldesa”, señaló el director jurídico, Mario Fuentes, quien estuvo a cargo de liderar el proceso.

Independiente del nuevo marco normativo elaborado mediante el método participativo, el abogado aclaró que el municipio desde hace años cuenta con mecanismos internos de esta naturaleza, “este municipio desde antes de la existencia de la nueva normativa, ya tenía un protocolo de acoso laboral, además, desde la entrada en vigencia de la ley el primero de agosto, esta comisión que armamos para trabajar Ley Karin estableció un protocolo transitorio mientras escribíamos el definitivo, porque se apostó a una construcción democrática con los y las funcionarias”, destacó.

El protocolo se divide en tres grandes áreas; una primera que establece una serie de conceptos, definiciones y glosario de términos para que el lector comprenda qué se entiende por acoso laboral, acoso sexual y otros conceptos. Una segunda área que tiene que ver con las políticas de prevención y con la obligación que tiene el órgano municipal de prevenir las prácticas sancionatorias.

Finalmente, una última área que guarda relación con la parte sancionatoria, estableciendo un procedimiento de denuncia; dónde denunciar, cómo denunciar, cuáles son los requisitos y los plazos que tiene la autoridad para determinar la admisión o no de la investigación, los pasos que tienen los fiscales para investigar, y por último, la naturaleza de las sanciones.